Se cumple un año desde que el Movimiento en defensa de la vivienda digna
concluyese la recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP), una campaña que nacía al calor de las movilizaciones contra los
desahucios y que llevaba al Congreso de los Diputados, entre otras
cuestiones, la dación en pago retroactiva, la paralización de los
desalojos y el alquiler social.
La iniciativa, que despertó un gran consenso entre la población,
finalmente quedó reducida a un Proyecto de Ley del Gobierno central,
pues el ejecutivo de Rajoy, contrario a la propuesta, sorteó el debate
de la ILP alegando que estaba en marcha un Decreto de urgencia para la
paralización de los desahucios y que, por tanto, el texto original debía
fusionarse con esa normativa. Esta suerte de texto conjunto, defendido
únicamente por el PP, llegó a ser definido por el propio movimiento en
defensa de la vivienda como la “eliminación el espíritu de la ILP” por
lo que llegaron a pedir su retirada simbólica.Razón no le faltaba a la
portavoz de La PAH, Ada Colau, pues esa suerte de amalgama en forma de
Proyecto de Ley del Gobierno, lejos de contemplar la dación en el pago,
ni siquiera hacía mención a ella; en lugar de hablar de paralización de
desahucios, los supuestos para poder acogerse a la norma quedaban
reducidos a casos de familias numerosas, parados de larga duración o
víctimas de violencia de género; y sobre el alquiler social demandado en
la ILP, el Proyecto del Gobierno hablaba de un “fondo social de
viviendas” destinadas a personas desalojadas de su vivienda habitual. En
definitiva, un total de 5.891 viviendas propiedad de las 33 entidades
de crédito que rubricaron el acuerdo con el Gobierno y puestas en
alquiler por dos años con rentas que oscilan entre los 150€ y los 400€
al mes. La cifra resulta ridícula pues las viviendas movilizadas
mediante este acuerdo firmado a principios de 2013 no alcanzan ni al 1,5
por ciento de los desahucios ejecutados desde el inicio de la crisis
económica.
Merece la pena recordar, ahora que se cumple un año de aquella
maniobra del Gobierno para tumbar la ILP, la comparecencia de prensa de
la vicepresidenta Saenz de Santamaría en la que, con lágrimas en los
ojos y casi sin poder articular palabras, teatralizaba cierta empatía
con las víctimas de los desahucios. “Nos puede pasar a cualquiera” dijo
la vicepresidenta durante la presentación del convenio con las entidades
de crédito para ese Fondo Social de Vivienda.
Lejos de solucionar la problemática, la realidad es que nada ha
cambiado y para muestra los datos que se desprenden del estudio
elaborado por Metroscopia y que sitúa la efectividad de la norma estatal
en un 2%. O lo que es lo mismo: solo 2 casos de cada 100 desahucios que
se producen en España pueden acogerse a la legislación puesta en marcha
por el Gobierno de Rajoy.
Pero sin duda el dato que más llama la atención de esta investigación
dirigida por la ex juez Manuela Carmena es la comparativa entre la
norma estatal y la norma andaluza. Frente al escaso impacto de la medida
estatal, debido a los estrictos requisitos para optar a la paralización
del desahucio, los plazos establecidos y la dificultad de los trámites,
el Decreto y posterior Ley del Gobierno andaluz para hacer cumplir la
función social de la vivienda arroja un aplastante 80 por ciento de
efectividad. O lo que es lo mismo, 80 de cada 100 andaluces en riesgo de
desahucio han podido acogerse a la norma que, entre otras medidas,
garantiza la expropiación del uso de la vivienda en caso de que exista
orden de desahucio.
No es de extrañar puesto que la norma andaluza ha tenido unos
requisitos mucho más fáciles de cumplir y así lo ha demostrado. Las
cifras que arroja en cinco meses en vigor la Ley andaluza ha permitido a
la Consejería de Vivienda que dirige Elena Cortés (IU) tramitar las
solicitudes de expropiación de 191 familias de las que 154 cumplen con
los requisitos marcados.
A esta cifra habría que sumar los más de 3.200 desalojos que ha
paralizado el Programa en defensa de la vivienda en su primer año de
funcionamiento, con una red de oficinas de prevención, intermediación y
protección también puesto en marcha por esta misma Consejería.
Una efectividad, la de la norma andaluza, que el Gobierno de Rajoy ha
paralizado tras su recurso ante el Tribunal Constitucional, que
contrasta con la escasa efectividad de la norma estatal puesta en marcha
por el ejecutivo central. En palabras de la consejera andaluza, Elena
Cortés, “el gobierno con su recurso ha demostrado que tiene miedo a
nuestra Ley porque sabía que funcionaba y que estaba cambiando las
cosas”.
Así las cosas, la consejera se queja de que el Gobierno de Rajoy no
se haya sentado en la mesa de diálogo y que haya preferido recurrir la
Ley con nocturnidad y alevosía, sin publicidad y sin informar al
Gobierno andaluz ni por la vía formal ni informal. Hasta tal punto ha
sido poco transparente que la decisión de recurrir la norma no fue
motivo para que se informara en la rueda de prensa posterior al Consejo
de Ministros. La ministra del ramo no se escapa del oscurantismo pues
incluso escondió la información del recurso a su homóloga consejera
andaluza en el mismo día de su formalización por el Consejo de
Ministros, día en que ambas compartían agenda.
Ahora la Ley andaluza, pese a su efectividad, pasa a estar
paralizada. El Tribunal Constitucional tiene cinco meses para decidir si
levanta o no la suspensión cautelar hasta que haya sentencia, un
escenario que podría llevar años de espera. Ante este panorama y
consciente de la problemática de los desahucios, que lejos de aplazarse
se recrudece, la consejera de IU no parece estar dispuesta a desistir.
“Hemos establecido un compromiso con Andalucía para tejer una alianza de
clase y de género; estamos determinados a defender el derecho humano a
la vivienda y lo vamos a seguir haciendo desde la Junta de Andalucía”,
ha asegurado Elena Cortés.
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