En
la mañana de ayer, los parlamentarios andaluces de Izquierda Unida
Elena Cortés y Antonio Maíllo registraron una Proposición de Ley
Andaluza de Participación Ciudadana, dado el escaso dinamismo
legislativo del gobierno y tal como anunciamos en el debate de
investidura, nuestro grupo parlamentario llevará al registro aquellas
leyes consideradas como prioritarias para profundizar en la democracia y
en los derechos de andaluzas y andaluces, como ya se hiciera con la Ley
de Banca Pública.
La
parlamentaria cordobesa ha sido la encargada de coordinar el trabajo de
elaborar y actualizar todo el material previo ya realizado en la
legislatura anterior, en la que IU abrió a las organizaciones y a la
ciudadanía un amplio proceso para redactar un texto que no llegó a ser
aprobado por el gobierno anterior. Vídeo de presentación
Así, la propuesta que ahora se formula pretende que Andalucía se gobierne obedeciendo eje inspirador de la totalidad de la ley. Su propósito es conseguir que la voluntad popular se exprese más allá del sistema de partidos y que permita que el pueblo hable no solo cada cuatro años en las urnas para las elecciones parlamentarias, llevando al límite el marco normativo actual. Texto de Ley
Si bien las leyes actuales no permiten la celebración de referéndums vinculantes, en cambio en la propuesta se hace un desarrollo sin igual de la fórmula de consulta, propositiva y metodológica, con formulaciones garantistas para que la participación sea efectiva y, desde luego para Izquierda Unida políticamente vinculante. Argumentario
En la Ley propuesta se detallan, fundamentalmente, tres modos de participación: a través de los Presupuestos Participativos, por la vía de la participación directa de la propia ciudadanía de propuestas e iniciativas y con las ya comentadas consultas participativas.
En cuanto al coste de la aplicación de la ley –condición que tiene que llevar ahora cada propuesta de ley para dificultar la presentación de las mismas como acordaron PSOE y C’s- IU considera que no representará coste alguno en lo inmediato, toda vez que de lo que se trata es de reorganizar las partidas presupuestarias, y una mínima cantidad de 1,4 millones de euros al año de implementación de la ley y, en caso de consulta autonómica, unos 8,9 millones, cantidades muy pequeñas en comparación con la ganancia democrática de la participación.
Esta ley tiene un enfoque de revolución democrática que altera los cánones de la vieja política en cuanto da la voz, con repercusiones presupuestarias, a la ciudadanía en aquellas cosas que le afectan y le competen.
Así, la propuesta que ahora se formula pretende que Andalucía se gobierne obedeciendo eje inspirador de la totalidad de la ley. Su propósito es conseguir que la voluntad popular se exprese más allá del sistema de partidos y que permita que el pueblo hable no solo cada cuatro años en las urnas para las elecciones parlamentarias, llevando al límite el marco normativo actual. Texto de Ley
Si bien las leyes actuales no permiten la celebración de referéndums vinculantes, en cambio en la propuesta se hace un desarrollo sin igual de la fórmula de consulta, propositiva y metodológica, con formulaciones garantistas para que la participación sea efectiva y, desde luego para Izquierda Unida políticamente vinculante. Argumentario
En la Ley propuesta se detallan, fundamentalmente, tres modos de participación: a través de los Presupuestos Participativos, por la vía de la participación directa de la propia ciudadanía de propuestas e iniciativas y con las ya comentadas consultas participativas.
En cuanto al coste de la aplicación de la ley –condición que tiene que llevar ahora cada propuesta de ley para dificultar la presentación de las mismas como acordaron PSOE y C’s- IU considera que no representará coste alguno en lo inmediato, toda vez que de lo que se trata es de reorganizar las partidas presupuestarias, y una mínima cantidad de 1,4 millones de euros al año de implementación de la ley y, en caso de consulta autonómica, unos 8,9 millones, cantidades muy pequeñas en comparación con la ganancia democrática de la participación.
Esta ley tiene un enfoque de revolución democrática que altera los cánones de la vieja política en cuanto da la voz, con repercusiones presupuestarias, a la ciudadanía en aquellas cosas que le afectan y le competen.
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